divendres, 31 de maig de 2013

31/05/13. La gota malaya de las balanzas fiscales o com els fatxes pretenen confondre l'enemic...

Benvolguts,

He rebut aquest correu d’en Lluís sobre un article d’avui de l’ l’Angel de la Fuente, de títol La gota malaya de las balanzas fiscales:

Diu en Lluís: Sembla que l’articulista oblida que la Generalitat també va fer el càlcul de la balança fiscal amb el mètode del flux de benefici i va publicar la dada en els dos mètodes. En el que si estic d'acord amb ell és que el Govern Central també hauria de donar les dades per totes les CCAA, complint així una de les disposicions aprovades al Congreso Español.

Comencem per la segona qüestió. És evident que el Gobierno español fa trampa sempre que pot. Quan va publicar per primera i última vegada les Balances fiscals de totes les CA va ser el 2008, amb dades del 2005 i després d’un mandat exprés del Congreso, del 1996, obtingut amb sang, suor i llàgrimes per CiU i ERC que ho venien sol·licitant des de molts anys abans. Com hem dit, el Gobierno español no ha tornat a publicar les Balances fiscal mai més!

Ara anem a respondre la primera qüestió. L’Angel de la Fuente és un economista(?) que viu i treballa a Catalunya en l’ens CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), els articles del qual sempre ataquen Catalunya, la Generalitat, el Parlament, etc. Els seus articles els publica un web digital de reconeguda fama fatxa, de nom La Voz de Barcelona http://www.vozbcn.com/tag/angel-de-la-fuente/. Ángel de la Fuente sempre està en el punt de mira de Xavier Sala i Martin per les animalades que diu. Un dels arguments que l’Angel de la Fuente usa per defensar el càlcul de les Balances fiscals segons el Flux de benefici és l’exemple esotèric d’on s’ha d’imputar la despesa de la compra i operació d’un avió de combat que l’Exèrcit espanyol vulgui tenir a la base militar de Saragossa: A l’Aragó o repartit per totes les comunitats? Quan en Sala i Martin parla del Flux monetari diu que per exemple els 300.000 funcionaris que hi ha a Madrid, cobren a Madrid i gasten a Madrid per tant no s’ha de repartir els seus emoluments entre “todos los españoles” segons la teoria del Flux de benefici sinó allà on gasten els seus ingressos, per tant segons el Flux monetari. Ja es veu que els exemples no són de la mateixa mena. 300.000 funcionaris tenen unes despeses que incrementen la riquesa de la Comunidad de Madrid, però un avió de combat no incrementa res i per tant s’ha de repartir entre totes les comunitats!

De tota manera, com que jo no soc economista us remeto als dos articles d’en Sala i Martin parlant d’aquest tema:



L’Ángel de la Fuente acaba l’article amb aquesta frase:

En vez de dar la callada por respuesta como ha hecho siempre (a les queixes del Govern català sobre l’espoli fiscal), el Gobierno español debería tomar la iniciativa poniendo encima de la mesa los datos necesarios para un debate informado sobre la dimensión territorial de sus actuaciones, explicándolos en detalle y haciendo un poco de pedagogía sobre las implicaciones territoriales del Estado de bienestar (cosa que ja hem dit que malgrat el mandat del Congreso, el Gobierno no ha fet mai. En això estem d’acord: Llum i taquígrafs!).

Repassaré els articles del tal Ángel i ja ho comentarem.


Article:
La gota malaya de las balanzas fiscales

Ángel de la Fuente

El País

el 31 mayo, 2013 en Derechos, Economía, Libertades, Política
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TRIBUNA

La Generalitat esconde tras un informe de pretensión técnica una burda campaña de agitación

Hace unos días se hizo público el enésimo informe de la Generalitat sobre la balanza fiscal de Cataluña. En él se destaca que el saldo fiscal de la comunidad con la Administración Central española (y la Unión Europea) en el año 2010 se situó en torno a los 16.500 millones de euros cuando el cálculo se realiza por el llamado método del flujo monetario. Le faltó tiempo al bien orquestado coro de portavoces y opinadores nacionalistas para salir en tromba, identificando esta abultada y discutible cifra con lo que los sufridos contribuyentes catalanes pagamos de más a la Hacienda española —o con lo que España nos roba, si nos atenemos al lenguaje en boga entre los más exaltados defensores de la tesis del expolio.

La maniobra es transparente. Bajo el ropaje formal de un informe pretendidamente técnico no hay más que un instrumento de agitación y propaganda diseñado para cabrear al personal y acercarlo a las tesis nacionalistas. Desde un punto de vista técnico, no hay por donde coger la cosa. Identificar el saldo fiscal de un territorio con lo que sus residentes pagan de más es un disparate en cualquier caso, y mucho más cuando tal saldo se calcula por el simpático método del flujo monetario que tanto le gusta al Gobierno catalán.

Vayamos por partes. Supongamos en primer lugar que la Generalitat ha hecho bien los cálculos. En ese caso, lo que exigen airadamente los nacionalistas catalanes es que los impuestos vuelvan a quien los paga en forma de un volumen equivalente de servicios, sin dejar espacio alguno para la redistribución, que es precisamente una de las funciones básicas del sistema fiscal en cualquier estado moderno. Entiendo que los defensores de tan llamativa tesis no pretenden trasladarla a título individual, pues si los impuestos son de quien los paga, no habría necesidad alguna de pagarlos para empezar.

La tesis sería, por tanto, válida solo en el ámbito nacional: puesto que los nacionalistas catalanes no se sienten parte de la nación española, les fastidia repartir con sus conciudadanos de otras regiones y se resisten a hacerlo. Esto es hasta cierto punto comprensible, pero difícil de defender de una forma argumentada. Si los sentimientos generan derechos fiscales, los residentes de Cataluña que no nos sentimos parte de la nación catalana tendremos derecho a no pagar impuestos autonómicos, excepto en la medida en que resulte necesario para sufragar el coste de los servicios que la Generalitat nos presta a cada uno. Supongo que al Gobierno catalán no le haría mucha gracia la idea, y con razón.

Pero la cosa es aún peor. Puesto que la Generalitat excluye arbitrariamente de sus cálculos una parte significativa de los costes de los servicios que la Administración central nos presta a los que vivimos en Cataluña, lo que está diciendo realmente el que exige la desaparición del déficit fiscal catalán es que no deberíamos pagar ni siquiera la parte que nos toca de tales servicios, lo cual tiene perendengues.

Cojamos un ejemplo concreto y dejemos que sea el lector el que decida si la forma en la que la Generalitat hace las cuentas —el llamado método de flujo monetario— es o no razonable. Consideremos la inversión del Ministerio de Defensa español en un avión militar de combate que se destina, por concretar, a la base aérea de Zaragoza. A la hora de repartir entre autonomías el gasto correspondiente (y de pensar sobre quién ha de pagarlo en última instancia) hay dos posibilidades. La primera (el método del flujo de beneficio) es considerar que el avión proporciona servicios de defensa que nos benefician por igual a todos los ciudadanos españoles, lo que lleva a repartir su coste entre regiones en proporción a su población. La segunda es imputárselo por entero a Aragón, puesto que el avión está físicamente allí.

Aunque el sentido común seguramente sugiere lo contrario, la Generalitat argumenta que la segunda opción es, de hecho, la más razonable porque recoge mejor el impacto del gasto público sobre la actividad económica. Pero esto es bastante dudoso y, en cualquier caso, no es relevante. Empezando por el final, los Gobiernos compran aviones militares para patrullar el espacio aéreo y no para crear empleo. Y el avión es, además, un buen recordatorio de que la localización del gasto público y su impacto económico pueden tener poco o nada que ver la una con el otro. Donde realmente se crea empleo y renta en este caso no es donde se aparca el avión, sino donde se fabrica, lo que seguramente nos lleva fuera de España (y según y como, a la peregrina conclusión de que nadie debería pagar el aparato). Algo más de sentido tiene el argumento de la Generalitat cuando hablamos del piloto y de los mecánicos de la aeronave. Sin duda, todos ellos tendrán que alquilar o comprar una casa en Zaragoza e irán allí al peluquero y al supermercado. Pero, incluso en este caso, existirán efectos desbordamiento importantes que hacen muy difícil predecir el impacto territorial del gasto público sobre la actividad económica. Los coches del personal militar pueden venir de la propia Zaragoza, pero también de Vigo, Martorell, Valladolid o Corea, su ropa puede estar hecha en Galicia o en Asia, su comida puede provenir de cualquier parte del mundo y los azulejos de su casa seguramente vendrán de Castellón.

Una falacia mil veces repetida sigue siendo una falacia, pero eso no impide que pueda ser efectiva. No se puede negar que la gota malaya de la propaganda nacionalista sobre el expolio ha ido calando hasta el punto de crear entre una buena parte de la población catalana la percepción de que la comunidad sufre un maltrato fiscal insoportable. La mejor forma de combatir tal percepción es con luz y taquígrafos. En vez de dar la callada por respuesta como ha hecho siempre, el Gobierno español debería tomar la iniciativa poniendo encima de la mesa los datos necesarios para un debate informado sobre la dimensión territorial de sus actuaciones, explicándolos en detalle y haciendo un poco de pedagogía sobre las implicaciones territoriales del Estado de bienestar.

Ángel de la Fuente es investigador en el Instituto de Análisis Económico, CSIC
 

Joan A. Forès
Reflexions

dimarts, 28 de maig de 2013

28/05/13. Com s'intervindrà l'autonomia de Catalunya, segons Vidal-Quadras

Benvolguts,

Ahir dilluns 27 de maig del 2013 el Vicepresident del Parlament Europeu, Alejo Vidal-Quadras ha fet aquestes declaracions a Catalunya Radio.

La frase clau (la mentida clau) que tots els nacionalistes espanyols es tenen apresa i la repeteixen a ulls clucs és aquesta:

'La situació del govern de la Generalitat és de fallida. I necessita que algú li doni diners per a pagar les nòmines cada mes i pagar els interessos del deute. El govern central, que és qui li dóna els diners, és qui dóna oxigen al govern de la Generalitat.

Parlem-ne! Llum i taquígrafs!

Comptes de la Generalitat

L’Agència Tributària espanyola (ATE) recapta any rere any uns 61.000M€ de Catalunya, amb la següent proporció:

ATE
 
IRPF
16.000M€
IVA
10.000M€
Impost de societats
4.000M€
Impostos especials (combustibles, etc)
6.000M€
Cotitzacions SS
25.000M€
Total ATE
61.000M€

Aquests 61.000M€ el Gobierno español els reparteix de la següent manera:

Pressupostos Generalitat de Catalunya
16.500M€
Pensionistes i aturats de Catalunya
28.000M€
No tornen (dèficit o espoliació fiscal)
16.500M€

Amb els diners que rep la Generalitat ha de fer front d’entrada a pagar els interessos anuals del deute de 2.000M€, i a continuació a les despeses de Salut, Educació, Benestar social i altres (Mossos, Bombers, Justícia...). El total de despeses puja a 29.000M€. Ja es veu que això no funciona. En necessiten 29.000M€ i l’estat espanyol que en recapta 61.000M€, paga pensionistes i aturats, se'n queda 16.500M€ i n’hi retorna només 16.500M€! Si Catalunya fos un estat independent, sense espoliació, disposaria de 33.000M€, que li permetrien complir amb les despeses dels Pressupostos de la Generalitat i encara sobrarien 4.000M€ que la Generalitat podria gestionar traient peatges, construint infraestructures, autovies, Corredor mediterrani, així com Escoles Bressol, Hospitals, Residències d’avis, i incentivant la inversió de les empreses estrangeres a Catalunya.

Per tant el diputat Alejo Vidal-Cuadras té raó: La Generalitat està en fallida. I tal com diu: Necessita que algú li doni diners per a pagar les nòmines cada mes i pagar els interessos del deute. Però la Generalitat està en fallida ja que tenim la desgràcia de pertànyer a Espanya. Si Catalunya fos un estat independent tindríem superàvit, com hem explicat més amunt.

Les solucions provisionals (abans que el Govern i el Parlament de Catalunya es decideixin a declarar la independència unilateralment), per resoldre aquest puzzle són: augmentar impostos, endeutar-se encara més i en últim recurs fer retallades salvatges!

·       Quan la Generalitat vol crear nous impostos els nostres enemics del nacionalisme espanyol, representats actualment pel PP, però que podria ser perfectament, amb els mateixos resultats, el PSOE o UPyD, ens ho priven, euro per recepta, impostos a les transaccions bancàries, etc.

·       Si ens volem endeutar més (que sempre és un mal negoci ja que els deutes s’han de tornar), tenim el gobierno español i l’europeu que ho impedeixen.

·       Només ens queden les retallades...

De fet la Generalitat s’endeuta més i retalla més, cada any.

Vegem l’article de Vilaweb amb l’entrevista al lladre, del partit dels lladres, explicant com el poder pot intervenir la Generalitat quan vulgui. Recordem que aquest concepte és recurrent en l’Alejo: Després de l’11 de setembre passat va dir que el problema catalan es resolia amb un escamot de la Guàrdia Civil, amb un sergent al davant, que es fes càrrec de la Generalitat (i encara va tenir la barra de dir que el sergent li diría al Mas que al sortir tanqués la porta...):

27.05.2013 
Com s'intervindrà l'autonomia de Catalunya, segons Vidal-Quadras

Creu que el govern de Rajoy no tindrà cap més remei que intervenir si es convoca la consulta · L'eurodiputat del PP ho ha dit a Catalunya Ràdio

L'eurodiputat del PP Alejo Vidal-Quadras ha declarat avui a Catalunya Ràdio que el govern de Mariano Rajoy no tindrà cap més remei que intervenir l'autonomia de Catalunya quan es convoqui la consulta. Considera que ara ja hauria d'intervenir la Generalitat, deixant-la caure financerament primer i passant a controlar els comptes després.

En l’enllaç de sota hi ha l'àudio de l'entrevista (comença parlant de la intervenció de Catalunya al minut 15, aproximadament):

Vidal Quadras ho ha explicat així: 'La situació del govern de la Generalitat és de fallida. I necessita que algú li doni diners per a pagar les nòmines cada mes i pagar els interessos del deute. El govern central, que és qui li dóna els diners, és qui dóna oxigen al govern de la Generalitat. Quan la teva situació és de dependència, l'altre et pot dir t'ajudaré amb condicions: s'acaba la broma separatista.'
 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4118953/20130527/sintervindra-lautonomia-catalunya-vidal-quadras.html
I continua així, dient de quina manera el govern espanyol ha d'amenaçar el català: 'Si continua aquesta línia de desafiament a la constitució i a la llei i de voler liquidar la nació espanyola, no tindrà ni un euro. I quan faci la fallida, i no cobrin els mossos, ni les infermeres, ni els metges, el govern central hi intervindrà, d'acord amb l'article 155 de la constitució. Perquè no sap gestionar, i durant uns mesos o un any em faré càrrec d'això i hi posaré ordre. I un cop fet això es convocarien eleccions. Això és el que faria un govern seriós.'

Vidal-Quadras no creu que hi hagués malestar per això a Catalunya. 'No passaria res, home. Perquè la gent vol que les coses funcionin. La gent ho entendria.'

'Vindran uns senyors de Madrid i diran bon dia'

I com acabaria el procés sobiranista? 'És una batalla política que s'ha de lliurar amb fermesa i coratge. Si la consulta es convoca i es fixa un dia, un govern [espanyol] fins i tot feble i vacil·lant com el de Rajoy no tindrà més remei que declarar-ho il·legal i a continuació haurà d'aplicar la llei. I al final
la llei només es pot aplicar amb la força. No hi ha cap més manera. S'intervindrà la Generalitat, vindran uns senyors de Madrid que es presentaran a les conselleries i diran bon dia; el senat es reunirà, votarà, tal com diu l'article 155; i vindran aquests senyors i diran ara em faig càrrec d'això. I al conseller li diran marxi a casa i ja l'avisarem. Pot passar que hi hagi aldarulls. Aleshores, per això hi ha les forces de l'ordre públic. I els mossos hauran de posar ordre.'

Joan A. Forès
Reflexions

28/05/13. Ni per la llengua ni pels diners

Benvolguts,

En Francesc Marc Àlvaro va publicar la setmana passada una bonica història, crec que inventada, amb unexpected end com les narracions de misteri!

Hi ha una frase que em va agradar particularment. És aquesta: El sobiranisme neix de constatar que la catalanitat ha estat i és, per als poders formals i informals espanyols, una forma anòmala i defectuosa de l’espanyolitat. Si la catalanitat és una identitat sospitosa per defecte dins l’Espanya de matriu castellana, cal intentar dissoldre-la, ofegar-la i, principalment, excloure-la de qualsevol àmbit de poder.

I per què em va agradar? Doncs perquè l’argument és idèntic al que utilitza H.G. Wells en la seva novel·la de ciència ficció El país dels cecs. Ras i curt: la diferència és una anomalia, un defecte. I com s’arregla? Dissolent, Ofegant, Excloent:  Amputant!

Demà us faré un resum de la novel·la d’H.G. Wells i també amb el seu unexpected end! A veure si us agrada i si hi trobeu similituds...

Ni per la llengua ni pels diners
Francesc Marc Àlvaro
"La Vanguardia"
23 maig 2013
L’altre dia vaig parlar amb un periodista nord-americà que s’ha interessat darrerament per les notícies que arriben des de Catalunya. Amb total franquesa em va explicar que no sabia gaires coses del nostre país, però que s’havia documentat força abans d’aterrar. El seu objectiu -segons va dir-me- és comprendre els motius “pels quals una part d’espanyols vol deixar de ser-ho”. Ell ho va expressar d’aquesta manera i jo vaig puntualitzar que no es tractava de refusar o menystenir cap identitat, sinó del fet elemental que un poble pugui exercir la democràcia.

Un cop vam entrar en matèria, el periodista ianqui va començar a parlar-me del que el sobiranisme anomena “espoli fiscal” i vaig comprovar que ell ja n’havia buscat les xifres bàsiques. Amb dades a la mà, va recitar el que molts sabem perfectament: el dèficit estructural català és del 8,5% sobre el PIB català i representa prop de 16.500 milions d’euros els darrers tres anys. També havia estudiat com la solidaritat interterritorial acaba afectant Catalunya, que cau set posicions un cop fet l’anivellament entre autonomies, a causa de l’incompliment del principi d’ordinalitat. La paradoxa -vaig afegir jo- és que les comunitats que generen menys riquesa acaben disposant de més recursos per habitant que les que més contribueixen a la caixa comuna.

Llavors, es va quedar molt pensatiu, em va preguntar per l’intent fracassat de nou pacte fiscal i va concloure, satisfet: “Ho tinc clar: l’independentisme català és un assumpte d’interessos, com passa a Itàlia amb la Lliga Nord”. Immediatament, li vaig replicar que, si bé els arguments econòmics i fiscals eren molt presents en el moviment sobiranista i havien convençut moltes persones, seria un error atribuir-ne el creixement només a aquest factor. Calia anar més enllà, vaig suggerir-li.

El nord-americà va somriure i va treure uns altres papers de la maleta. A partir d’aquell moment, va fer-me un resum força correcte d’història de la cultura catalana, amb referències a El Tirant, el monestir de Montserrat, la Renaixença, la immersió lingüística escolar i la creació de TV3. Al seu iPhone, hi portava cançons de Raimon, Lluís Llach, Sopa de Cabra i Manel, que no entenia gens ni mica però li agradaven molt. Algú també li havia passat -ho tenia a l’iPad- un episodi de la sèrie Dallas doblat al català i un fragment llarg de la pel·lícula Pa negre.

Continuava somrient: “Potser no m’he explicat bé abans; volia dir que la cartera és determinant, però ja sé que la reclamació identitària de Catalunya se sustenta en una cultura i una llengua diferent de l’espanyol”. Jo l’escoltava fascinat. Va parlar del ministre Wert i de les ocurrències del Govern aragonès, perquè volia demostrar que estava al dia de tot, i va reblar el clau: “Entesos, l’independentisme és un assumpte de llengua i cultura, es tracta d’evitar que aquestes desapareguin, una mica com passa al Quebec”. Ell pensava que, aquest cop, havia fet diana però el vaig contradir: vaig admetre l’evident base cultural del nacionalisme català, però vaig advertir que la gent no reclama el divorci d’Espanya només per assolir una protecció cultural.

El periodista nord-americà va deixar de somriure. Estava molest. Si no eren ni els diners ni la llengua, què movia una part important de catalans a reclamar un referèndum? Em va observar com ho faria un jugador de pòquer i va llançar el seu as damunt la taula. Ara tornava a somriure: “Em sembla que ja ho entenc: l’independentisme és, sobretot, una assumpte de poder, l’objectiu és tenir una bandera a les Nacions Unides, disposar d’ambaixades, parlar de tu a tu amb Brussel·les, dir que Barcelona és capital d’un Estat i…”. El vaig tallar i, amb amabilitat, li vaig dir que tampoc no l’encertava. Per comprendre l’actual moment de Catalunya, havia de considerar una dimensió que no s’esmentava mai però que era més influent que la clau econòmica, cultural o de poder.

El sobiranisme -vaig explicar-li mentre ell prenia notes- és, per damunt de tot, una causa moral. Això significa que neix de constatar que la catalanitat ha estat i és, per als poders formals i informals espanyols, una forma anòmala i defectuosa de l’espanyolitat. Si la catalanitat és una identitat sospitosa per defecte dins l’Espanya de matriu castellana, cal intentar dissoldre-la, ofegar-la i, principalment, excloure-la de qualsevol àmbit de poder. Fa pocs anys, es va frenar una opa d’una empresa catalana sobre una altra amb el crit de “antes alemana que catalana”. El català sempre és culpable de no ser un espanyol prou autèntic, encara que no sigui nacionalista. El periodista nord-americà al·lucinava. Vaig afegir que la relació entre bascos i castellans no tenia res a veure amb aquest esquema, la qual cosa quedava clara -per exemple- en el fet que ningú no discutia el concert fiscal d’Euskadi i Navarra.

El sobiranisme català és una causa moral. S’alimenta d’arguments econòmics, culturals i polítics que subministra Madrid diàriament, però va més enllà. És una causa moral perquè té a veure amb la necessitat de deixar de donar explicacions sobre allò que som, com si fóssim criatures. Qui no entengui aquesta dimensió profunda del conflicte no entendrà res del que avui mou milers de catalans i catalanes. El visitant sí va captar el concepte.
 
Joan A. Forès
Reflexions

dilluns, 27 de maig de 2013

27/05/13. César Molinas y Elisa de la Nuez. ¿Por qué hay que cambiar los partidos? Destapen les clavegueres de la burocràcia espanyola que sustenta tots els partits polítics. 300.000 càrrecs de confiança des de conserges a primers ministres...Merda i merda i merda.

Benvolguts,

Comentem un article de títol ¿Por qué hay que cambiar los partidos?

Un comentari previ a l’article. Els autors:
Molinas fou director de l’Instituto Cervantes (mal senyal) i ministre de cultura amb ZP. La seva dona Elvira Lindo va protagonitzar el polèmic discurs de la Mercè a Barcelona el 2008, convidada pel batlle Joan Clos. La de la Nuez és advocada de l’estat (mal senyal). Sense conèixer-los els tenia automàticament mal considerats però m’ha semblat interessant passar-vos les seves apreciacions i reflexions, ja que destapen les clavegueres de la burocràcia espanyola que sustenta tots els partits polítics. 300.000 càrrecs de confiança des de conserges a primers ministres...Merda i merda i merda. Un detall és que ells només parlen del PSOE, el PP i CiU, però n’hi ha d’altres de partits tant podrits com aquests, amb els mateixos mètodes, les mateixes corrupcions...

Crec que no calen massa comentaris. Només esgarrifar-se del que l’escrit diu, que tots ho havíem pensat però que mai no ens havíem atrevit a preguntar!

 ¿Por qué hay que cambiar los partidos?

César Molinas y Elisa de la Nuez

El País

el 27 mayo, 2013 en Derechos, Libertades, Política, Sociedad
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Un programa reformista tiene que empezar por rediseñar las organizaciones políticas, porque las que existen funcionan mal, defienden intereses particulares y son incapaces de articular una salida a la crisis

En España hay que cambiar los partidos políticos porque funcionan rematadamente mal, porque se han convertido en instituciones para la defensa de intereses particulares en detrimento del interés general y porque son incapaces de articular una salida creíble a la crisis económica, institucional y moral que aflige a la sociedad española desde hace ya seis años. Todo ello entre otras razones que también se podrían aducir.

La democracia española se ha degradado tanto que lo único importante que se dirime en las elecciones es quién gestionará la licitación pública, las subvenciones y la regulación. Es decir, las elecciones deciden a los amigos de quién irán a parar los despojos de la acción política. Otras cuestiones como, por ejemplo, qué hacer con los seis millones de parados, cómo mejorar la enseñanza, cómo acabar con la corrupción o qué hay que hacer para salir de la crisis acaban siendo irrelevantes porque los principales partidos españoles no tienen propuestas diferenciadas sobre cómo resolver estos problemas. Es más, la cuestión no es tanto la falta de diferenciación como que no haya propuestas serias de ningún tipo por parte de los partidos con experiencia de gobierno, sea este nacional, autonómico o municipal. Los programas electorales acaban siendo o sartas de ocurrencias o propuestas destinadas a no cumplirse.

Dicen que Carlos V dijo una vez, refiriéndose a Francisco I: “Mi primo y yo nos parecemos mucho: los dos queremos Milán”. Los principales partidos políticos españoles se parecen en eso y en mucho más. Todos quieren, por supuesto, el poder y las prebendas que conlleva. Faltaría más, para eso están. Pero además se parecen en la defensa del interés particular de la clase política contra el interés general y en la carencia de ideas para sacar a España del atolladero en el que está metida. Por si esto fuera poco, se parecen también en que tienen un funcionamiento interno muy opaco y poco democrático que imposibilita el debate interno, el surgimiento de proyectos nuevos, la promoción de las personas más capaces y la renovación de las personas en los puestos de dirección. ¿Cómo se ha llegado a esta situación y qué puede hacerse para corregirla?

Un ciudadano inquieto no tiene nada que hacer en una agrupación del PP, del PSOE o de CiU
El fortalecimiento de las cúpulas dirigentes de los partidos como medio de evitar la inestabilidad política fue una opción que se adoptó, por omisión, cuando se decidió dejar vacía de contenido la Ley de Partidos Políticos de 1978. En la práctica esto dejó la puerta abierta a la autorregulación de los mismos, lo que ha llevado a la falta de transparencia y de democracia interna y a la cooptación como método principal para determinar las carreras políticas y para la elaboración de las listas electorales. Esto ocurrió ya en la Transición: la célebre frase de Alfonso Guerra “el que se mueve no sale en la foto”, que transmite lo esencial del funcionamiento de los partidos políticos españoles entonces y ahora, fue pronunciada en 1982. A grandes rasgos, la situación actual es la siguiente.

·       Los partidos mayoritarios españoles, incluyendo a CiU, no son canales de participación política.

·       Un ciudadano con inquietudes, que no busque un cargo público sino un marco de discusión política de sus ideas e iniciativas y una canalización de su tiempo hacia actividades socialmente útiles, no tiene nada que hacer en una agrupación del PP, del PSOE o de CIU.

·       En las reuniones de dichas agrupaciones casi todos los militantes que asisten tienen un cargo público o han conseguido su trabajo gracias al partido.

·       No se entendería —y sería tremendamente sospechoso— que alguien fuese a las reuniones con objetivos distintos a los de conseguir un cargo o un puesto de trabajo. ¿A qué viene? ¿A espiar? ¿Quién lo envía?…

·       En el diseño español, la única participación política que se espera de la ciudadanía es que acuda a las urnas cuando se convocan elecciones.

·       No es solo el ciudadano de a pie el que no puede debatir sus iniciativas.

·       Tampoco pueden hacerlo los militantes.

·       Los órganos de dirección están muy atentos en abortar cualquier iniciativa transversal que suponga contactos directos de unas agrupaciones con otras.

·       No se conoce ninguna rebelión horizontal que haya tenido éxito en el PP.

·       Hubo una —y famosa— en el PSOE, que terminó con éxito llevando a Zapatero a la secretaría general no siendo el candidato oficial, aunque sus promotores acabaron siendo marginados al pactar el nuevo líder con el aparato.

·       La ausencia de debate caracteriza también a los órganos directivos de los partidos. Por poner solo un ejemplo ¿cuántas veces ha debatido la Junta Directiva del PP el caso Bárcenas desde que estalló el pasado mes de enero? Pues, por lo que parece, ni una sola vez.

·       Tampoco parece que sea costumbre de este partido —ni de otros— presentar las cuentas anuales a sus máximos órganos de dirección. Consecuentemente, si no hay debate tampoco puede haber mecanismos de rendición de cuentas ni de petición de responsabilidades.

·       El poder de las cúpulas directivas es omnímodo porque es casi imposible derribarlas y de su voluntad dependen las carreras de los que militan en los partidos.

Así las cosas y con el tiempo, a base de cooptación reiterada, se ha consolidado en España una casta —la llamada “clase política”— de personas que deben su cargo o su empleo al favor político. Esta casta abarca desde los conserjes de Baltar hasta las más altas magistraturas colegiadas del Estado, pasando por los miles y miles de empleados públicos de la Administración central, CC. AA. y CC. LL (corporaciones locales). nombrados inicialmente a dedo y consolidados con posterioridad mediante discutibles procesos de funcionarización, por no hablar de la miríada de organismos que se han creado con la finalidad de pagar nóminas y repartir dietas. Unas 300.000 personas sería una estimación prudente del tamaño de un colectivo que ha acabado replicando las características del caciquismo español tradicional. El interés particular de esta clase política consiste en perpetuarse en su actual estado, manteniendo la jerarquía comensalista (De la viquipèdia: El comensalismo es una forma de interacción biológica en la que uno de los intervinientes obtiene un beneficio mientras que el otro no se ve ni perjudicado ni beneficiado) con la que accede a las arcas públicas y a la extracción de rentas del sector privado de la economía mediante la licitación, la contratación y la regulación. De este modo se configura una élite extractiva que, como todas ellas, resiste ferozmente a todo cambio que pueda acabar afectando al statu quo, aunque sea de manera indirecta.

Una casta de 300.000 personas ha acabado replicando el caciquismo español tradicional
Esta es la razón de fondo por la que la clase política española no es capaz de articular respuestas creíbles a la crisis: porque todas estas respuestas requieren reformas profundas que afectan a su interés particular. Un programa de reformas coherente y suficiente requiere una visión del futuro y una capacidad de liderazgo —saber tirar de la sociedad hacia ese futuro— que es totalmente extraña a nuestro sistema de partidos políticos:

·       el sistema está diseñado para conseguir la estabilidad a toda costa y, desde este punto de vista, es un sistema muy eficaz, aunque el precio que se ha pagado en términos de corrupción, ineficiencia y desmoralización de la sociedad haya sido muy alto.

·       Pero en la agenda de los tiempos está el cambio, no la estabilidad, y eso el sistema español no está pensado para hacerlo.

Por esta razón, un programa reformista tiene que empezar por rediseñar los partidos políticos. Como se hace en los países constitucionalmente más avanzados, los partidos no deben autorregularse, sino que deben estar regulados desde fuera, por la ley. Los partidos son entidades especiales que tienen el monopolio de la representación política y que se financian principalmente con fondos públicos. La Ley de Partidos debería exigir a estas instituciones transparencia y democracia interna con el fin de fomentar el debate, la circulación de ideas y la competencia entre iniciativas diversas. Así es como funcionan las democracias de los países de nuestro entorno, el diseño español actual es una anomalía histórica y geográfica que obstaculiza la salida de la crisis. Hay que cambiarlo ya.

¿Cabe confiar en que este cambio se haga de manera espontánea, desde dentro de los propios partidos políticos? Lamentablemente eso es muy improbable. Tiene que ser la sociedad civil la que, movilizándose, tome el protagonismo y exija los cambios necesarios. Si no lo hace, las cosas seguirán empeorando.
 

César Molinas y Elisa de la Nuez son promotores de una iniciativa para cambiar la Ley de Partidos Políticos


Joan A. Forès
Reflexions

27/05/13. ¿Tiene Cataluña derecho a la secesión? El nuevo independentismo económico

Benvolguts,

Avui comentem el pròleg d’un llibre del Catedràtic de Duke (EE UU) Allen Buchanan, que té per nom Secessió i que apareixerà al mercat el mes que ve. Buchanan és un expert en l’ètica de l’autodeterminació del pobles. I aquest pròleg demostra que molts intel·lectuals mundials (excepte els espanyols?), s’estan preocupant de la manca de legitimitat que pugui tenir Espanya en el tracte que està donant a Catalunya. A l'estranger ja no parlen del dret de Catalunya a autodeterminar-se, això ho donen per resolt. El que es tracta ara és de veure l’ètica del tracte colonial que Catalunya està rebent des de fa molts anys d’Espanya. A parer dels experts internacionals, ara està reconegut que el camí passa per l’autodeterminació. Sembla que l’antic problema i per tant la possibilitat de solució s’està internacionalitzant de manera molt positiva per Catalunya!

El petit assaig que fa de pròleg al seu darrer llibre Secessió, demostra que té un bon coneixement de la història de Catalunya dels darrers 300 anys. Categoritza molt bé els esdeveniments, fa precisions a la immediatesa del procés d’independència, explica que “las fronteras estatales existentes no son fruto de una planificación racional o del consenso democrático; son accidentes históricos que surgieron de procesos que, en su mayor parte, distaban mucho de ser aceptables desde un punto de vista moral”. Deu basar els seus coneixements i reflexions en el seu llibre del 2003 States, Nations, and Borders: The Ethics of Making Boundaries I aplica les seves conclusions al procés català.

Matisa les objeccions a una “independència express” i matisa la possibilitats del dret al retorn a la dependència en unes posteriors conteses…

Explica que segons la seva teoría del dret corrector hi ha 4 escenaris d’injustícies en el planteig de la independència i considera no aplicables al contenciós Catalunya-Espanya les dues primeres (annexió injusta i violacions a gran escala de drets humans fonamentals). Admet la discussió de les altres dues (vulneració per part de l’Estat de les obligacions del règim autonòmic intraestatal o la negativa continuada a negociar una forma d’autonomia intraestatal adecuada)

Explica els greuges que Catalunya exposa contínuament: “Un argumento contundente a favor del derecho de Cataluña a la secesión no consensuada puede alegarse sobre la base de que España no ha demostrado buena fe a la hora de responder a las demandas de mayor autonomía intraestatal”. I conclou que: “Es bastante razonable concluir que las perspectivas de un régimen de autonomía viable son poco halagüeñas”.

Finalment veu que el contenciós s’ha de resoldre: con la ayuda de una tercera parte independiente capaz de respaldar el proceso de negociación de autonomía intraestatal, de controlar que ambas partes cumplan con los términos del acuerdo y de proporcionar incentivos efectivos para que ambas partes cumplan. En el caso de Cataluña, la candidata evidente es la UE”.

El penúltim paràgraf sembla que vulgui dir que caldrà arribar a una secessió no consensuada, tutelada pèr la UE:

Si España no está dispuesta a comprometerse realmente con una renegociación de las competencias de autogobierno de Cataluña dentro del seno del Estado, ello incrementará los argumentos a favor de un derecho a la secesión no consensuada.

I aleshores el darrer paràgraf no l’acabo d’entendre. Si hi ha una secessió que al final haurà hagut de ser no consensuada, per què torna a parlar de bona fe i d’acuerdo autonòmic, i de que Catalunya aporti res per sostenir el estado de bienestar dels espanyols (?). Com hem estat fent sempre (?):

Desde el bando catalán, la buena fe debería incluir un compromiso firme con el Estado de bienestar de España, lo que significa reconocer que cualquier acuerdo autonómico que pueda surgir del diálogo debería ser compatible con el hecho de que Cataluña aporte la parte que le corresponda al sostenimiento del bienestar de todos los afectados

I una darrera consideració: Si Buchanan proposa la UE com a garant de l’acord, vol dir que pressuposa que Catalunya restarà a la UE després de la secessió!

I ara el Pròleg del llibre Secessió de Buchanan:

¿Tiene Cataluña derecho a la secesión?


El catedrático de Duke (EE UU) Allen Buchanan se incorpora al debate sobre el futuro de Cataluña

Lo hace en el prólogo de la edición española de su libro ‘Secesión'

El investigador propone una negociación con la mediación de la UE




El movimiento independentista catalán tiene lugar en un mundo en el que la secesión es cada vez más factible y deseable, al menos para los secesionistas. Dos acontecimientos fundamentales ocurridos tras la II Guerra Mundial han posibilitado la aparición de Estados mucho más pequeños:

·       un régimen de seguridad internacional centralizado formalmente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que incluye una norma sorprendentemente eficaz contra las guerras entre Estados,

·       y la expansión de los mercados más allá de las fronteras estatales, llevada a cabo a nivel global por la Organización Mundial del Comercio y, desde un punto de vista regional, por la Unión Europea.

En el pasado, los Estados pequeños resultaban inviables o, como mínimo, inseguros, ya que eran presa fácil para los más grandes y sus mercados nacionales eran insuficientes para que hubiese crecimiento económico. Ahora que esas limitaciones al tamaño de los Estados se han eliminado en gran medida, se plantea la pregunta de si unidades soberanas más pequeñas resultarían ventajosas y para quién. Al fin y al cabo, las fronteras estatales existentes no son fruto de una planificación racional o del consenso democrático; son accidentes históricos que surgieron de procesos que, en su mayor parte, distaban mucho de ser aceptables desde un punto de vista moral. (...)

Pel que es veu en els títols dels llibres que Buchanan està editant en els darrers anys, la seva dedicació ha estat l’ética de l’autodeterminació:
·       Buchanan, Allen (2003) Justice, Legitimacy, and Self-Determination: Moral Foundations for International Law
·       Macedo, Stephen; Buchanan, Allen E. (2003) Secession and Self-Determination (336 pages)
·       Buchanan, Allen; Margaret Moore (2003) States, Nations, and Borders: The Ethics of Making Boundaries (376 pages)
 

La perspectiva de una autonomía viable es muy poco halagüeña tras la sentencia del TC y la intervención lingüística

ampliar fotoLos argumentos a favor de replantearse las fronteras estatales no se basan únicamente en consideraciones prácticas acerca del incremento de la seguridad y de una mayor libertad de mercado; también tienen sentido desde el punto de vista de los valores democráticos ya que, al menos en algunos casos, la democracia funciona mejor a menor escala. Algunos secesionistas catalanes apuntan que si una mayoría de catalanes quiere la independencia, el respeto a la democracia exige que les sea concedida. Sin embargo, esto es demasiado precipitado. (...) Existen dos objeciones democráticas fundamentales para apelar a los valores democráticos como justificación de la secesión mediante un plebiscito local.

·       En primer lugar, si la secesión fuese así de sencilla, se correría el riesgo de que la amenaza de la misma fuese utilizada como instrumento de negociación estratégica para minar la toma de decisiones democrática. Al amenazar de manera creíble con abandonar el Estado, una minoría podría, en la práctica, ejercer un veto siempre que los procedimientos democráticos pudiesen producir un resultado no deseado por ella.

·       En segundo lugar, para que la democracia funcione, lo razonable es que los ciudadanos esperen reciprocidad; tienen que tener la seguridad de que si hoy pierden, mañana ganarán, y tienen que tener suficiente conocimiento sobre sus conciudadanos y sobre sus valores y preferencias para predecir que también ellos aceptarán los resultados de los procedimientos democráticos.

Si los límites del sistema de Gobierno fuesen demasiado inciertos, es decir, si pudiesen crearse nuevos Estados cada vez que se formase una mayoría en una zona de un Estado existente, los ciudadanos no gozarían de la garantía de reciprocidad necesaria porque, en tal caso, sería impredecible saber quiénes son sus conciudadanos. (...) Por tanto, no existe un argumento sencillo basado en la democracia a favor de la justificación de la secesión de Cataluña. Sin embargo, el compromiso con la democracia bien entendida sí exige que España se muestre dispuesta:

·       bien a dar cabida a un estatus autonómico más sólido y estable para Cataluña

·       o bien a pactar una secesión negociada.

Las diferentes teorías del derecho corrector reconocen una serie más extensa o más reducida de injusticias que dan origen al derecho a la secesión. Mi propia versión de la teoría del derecho corrector reconoce cuatro tipos distintos de injusticia:

·       (i) anexión injusta del territorio de un Estado soberano,

·       (ii) violaciones a gran escala de derechos humanos fundamentales,

·       (iii) redistribución discriminatoria continuada y grave (distribución de los recursos del Estado que perjudica de manera injusta a una región determinada)

·       y (iv) vulneración por parte del Estado de las obligaciones del régimen autonómico intraestatal o la negativa continuada a negociar una forma de autonomía intraestatal adecuada (...)

En el caso de Cataluña, la anexión por parte de la España castellana tuvo lugar hace tres siglos. Cualquier principio moral general según el cual la secesión estaría justificada si sirviese para recuperar un territorio anexionado injustamente (i), que se remontase tan atrás en el tiempo, resultaría inaceptable. Provocaría una inestabilidad política masiva y, casi con toda seguridad, una violencia generalizada. También considero que es relativamente indiscutible que los catalanes no están sufriendo violaciones de sus derechos humanos fundamentales por parte del Estado español (ii).

Me centraré en la aplicabilidad del tercer y cuarto tipo de injusticias. La acusación de redistribución discriminatoria se expresa a menudo de manera retóricamente dramática y tal vez exagerada con el lema “España nos roba”. Quienes alegan esto a veces pasan por alto el hecho de que en prácticamente todos los Estados comprometidos con el bienestar de la totalidad de sus ciudadanos habrá una considerable redistribución entre regiones. (...) A menos que rechacemos la idea misma del Estado de bienestar, debemos aceptar la redistribución. La verdadera cuestión es determinar cuándo la redistribución es injusta o discriminatoria. Algunos defensores de la independencia de Cataluña aportan datos que demuestran que Cataluña paga más y recibe menos que algunas regiones más ricas. Si esto es cierto, hay que explicar algunas cosas. En igualdad de condiciones, la redistribución dentro del Estado debería ser progresiva y coherente. De lo contrario, la reciente negativa por parte del Gobierno español a renegociar su política fiscal respecto a Cataluña, situada en el contexto de una larga historia de quejas de redistribución discriminatoria, confiere mayor peso a la reivindicación de independencia según la versión de la teoría del derecho corrector que sostengo en este libro. Demostrar que la redistribución discriminatoria está teniendo lugar y que es lo suficientemente grave como para justificar la respuesta radical de la secesión unilateral es más difícil de lo que admiten quienes alegan que es lo que está sucediendo en Cataluña.

Un argumento contundente a favor del derecho de Cataluña a la secesión no consensuada se basa en que España no ha demostrado buena fe al responder a las demandas de mayor autonomía intraestatal

Un argumento contundente a favor del derecho de Cataluña a la secesión no consensuada puede alegarse sobre la base de que España no ha demostrado buena fe a la hora de responder a las demandas de mayor autonomía intraestatal. Para valorar por qué esto es así es necesario entender la dinámica de los procesos que conducen a una demanda popular de independencia. Simplificando, se trata de lo siguiente: un grupo descontento de una parte del Estado se moviliza para lograr más control sobre sus asuntos; para incrementar sus competencias de autogobierno. El Estado o bien ignora sus peticiones o bien les concede cierta autonomía intraestatal, pero en la práctica incumple el acuerdo. En consecuencia, muchos autonomistas se vuelven secesionistas. Entonces, el Estado reacciona duramente ante las demandas de independencia y los secesionistas se vuelven todavía más convencidos.

La cuestión es que ambos bandos tienen razones para desconfiar. La falta de confianza puede malograr la que, por otra parte, sería una solución satisfactoria: un acuerdo autonómico intraestatal que conceda al grupo regional descontento competencias considerables de autogobierno y permita al Estado conservar la soberanía sobre la región. Dada la reciente derogación por parte del Tribunal Constitucional de una serie de disposiciones del Estatuto de autonomía y las intervenciones de España en la política lingüística catalana, es bastante razonable concluir que las perspectivas de un régimen de autonomía viable son poco halagüeñas.

En el otro plato de la balanza, resulta bastante razonable que a España le preocupe que, en caso de responder afirmativamente a la demanda de mayor autonomía de Cataluña, a dicha demanda le siga otra y que, al final, no le satisfaga nada que no sea la independencia. No veo otra forma de resolver este problema de seguridad bilateral que no sea con la ayuda de una tercera parte independiente capaz de respaldar el proceso de negociación de autonomía intraestatal, de controlar que ambas partes cumplan con los términos del acuerdo y de proporcionar incentivos efectivos para que ambas partes cumplan. En el caso de Cataluña, la candidata evidente es la UE.

Concretamente, creo que no sería razonable esperar que los autonomistas catalanes se conformasen con acuerdos de autonomía que puedan ser anulados por las resoluciones de un Tribunal Constitucional al que consideran comprometido con una España unitaria y centralista. Si España no está dispuesta a comprometerse realmente con una renegociación de las competencias de autogobierno de Cataluña dentro del seno del Estado, ello incrementará los argumentos a favor de un derecho a la secesión no consensuada. Desde el bando catalán, la buena fe debería incluir un compromiso firme con el Estado de bienestar de España, lo que significa reconocer que cualquier acuerdo autonómico que pueda surgir del diálogo debería ser compatible con el hecho de que Cataluña aporte la parte que le corresponda al sostenimiento del bienestar de todos los afectados.

Secesión (Ariel), de Allen Buchanan, se edita el 6 de junio. 320 páginas. 24,90 euros.
 

Joan A. Forès
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